Los datos
fríos, que quizá hubieran sido mejor ponderados si la desgracia no hubiera
coincidido en Sanfermines, dan cuenta de una circunstancia excepcional en la que
los ayuntamientos recién constituidos tuvieron que bregar en jornadas que
encadenaron días y noches, meses que absorbieron los recursos y relegaron los
mejores planes.
En general,
los particulares quedaron satisfechos por las indemnizaciones en los domicilios
(el consorcio de seguros pagó una media de 10.300 euros en la comarca) y menos
por los vehículos (un promedio de 4.000 euros al ser tasados por factores como
la matriculación). Los gastos de desescombro y retirada de residuos fueron
cuantiosos y en ellos trabajaron Mairaga y la brigada municipal.
Además, un
año después de la riada, el Estado y el Gobierno navarro tampoco han retomado
con la fuerza esperada la materialización definitiva de unas ayudas necesarias
en unas localidades golpeadas, dos veces seguidas, con la fuerza de un diluvio
y una peste moderna. Ya es hora de atender las justas demandas. Cualquier
movimiento político que desvié la atención de este objetivo principal no sería
entendible en estos tiempos recios, sobre todo en el ámbito local. Quien no
empuja para cubrir la necesidad mayor y juega a desenfocar la atención pagará un caro precio en la calle.
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