LA PLAZA SE LLENA CONTRA LOS RECORTES EN LAS URGENCIAS

Cientos de personas se han concentrado este viernes en la Plaza Carlos III de Olite/Erriberri para visualizar el malestar generado por el anuncio del departamento de Salud de suprimir desde el próximo mes el servicio presencial de urgencias que atiende a más de 4.000 personas durante la noche.

Los ediles en la lectura del manifiesto

            Los manifestantes se han reunido frente a la Casa Consistorial para denunciar el recorte de prestaciones que incluye el traslado a Tafalla del médico y la enfermera que cubren las urgencias de las 20 a las 8 horas, y que pasarán a trabajar en el proyecto piloto de uvi móvil que atenderá a más de 43.000 personas en la comarca, situación que ha denunciado el Alcalde, Andoni Lacarra, en el manifiesto que ha leído acompañado de los ediles Maite Garbayo, Javier Fidaldo (ambos también de Agrupemos), Mª Asun Gorri (UPN) y Jorge Bacaicoa (PSN).

Plaza de Carlos III en el momento de la concentración

            La organización de la protesta, respaldada ya por más de 600 firmas de vecinos, partió del Ayuntamiento tras una reunión el miércoles de las formaciones municipales (Agrupemos, UPN y PSN), que acordaron por unanimidad hacer una declaración institucional contra la decisión del consejero Fernando Domínguez Cunchillos y su equipo, así como la colocación en la balconada principal del Ayuntamiento de una gran pancarta de denuncia de los recortes.

Aspecto de la protesta

            Domínguez ha citado el próximo martes en Pamplona/Iruña a los representantes de los municipios que abarca su plan de comarcalización, que comienza en Tafalla pero prevé extenderse a otras zonas. Los representantes de Olite/Erriberri defenderán la implantación de la uvi móvil, pero no a costa de las urgencias presenciales olitenses y sí mediante nuevas contrataciones de personal que paliará, además, la eventual saturación de trabajo que prevén en el centro de salud de Tafalla.

           Los olitenses podrían, además, llevar la polémica a una comisión parlamentaria en la que también denunciarán que el proyecto del consejero Domínguez se han puesto en marcha sin explicarlo previamente a los entes afectados ni a los sindicatos profesionales, que también se han opuesto de plano.