La juez del caso UAGN ha decretado el archivo provisional de
las irregularidades detectadas en cursos de formación y eventual utilización de
firmas, como el en caso de un taller de autoempleo para mujeres en Olite, al
entender que no se da fraude a la Administración al no superar la cantidad de
120.000 € y que algunos delitos podrían haber prescrito.
El auto,
que puede ser recurrido, deja la puerta abierta a que el Gobierno de Navarra
reclame por vía administrativa la devolución de dinero cobrado por cursos no
realizados. Diario de Navarra también adelanta este sábado que el proceso
arrancó por una denuncia que presentó una trabajadora del sindicato agrario,
luego despedida, que también es concejal de UPN en Lerín.
