“TODO ESTE MARTIRIO SUFRÍ EN SILENCIO” O EXPOLIO EN OLITE

Las viudas tuvieron doble castigo(Carmen Rey)

Las mujeres de los republicanos asesinados en 1936 sumaron a veces al sufrimiento de la pérdida el saqueo de unos bienes materiales no reparados, unas sanciones económicas crueles que abocaron a familias de Olite/Erriberri a suplicar el perdón de sus verdugos franquistas para que viudas y huérfanos no cayera en la miseria, como testimonia ahora el libro "Expolio y castigo. La represión económica en Navarra 1936-1945 ...1966" del historiador César Layana.

             La investigación del empleado del Instituto de la Memoria publicada recientemente por el Gobierno de Navarra recoge, por ejemplo, la solicitud de Carmen Rey, viuda de Lorenzo Gorría, obligada a mantener a un padre anciano impedido y a seis hijos menores de edad después de ser expulsada del pueblo por los golpistas.           

           La mujer consiguió una rebaja poco corriente de la sanción impuesta tras recurrir al tribunal el ensañamiento de los requisadores que, entre otros bienes, se incautaron de "tres cerdos, 100 arrobas de patatas, 18 conejos, palomas, frutos del huerto y bienes de la tienda que regentaba hasta entonces en la que le prohibieron continuar".

    "Todo este martirio sufrí en silencio, mirando a mi desgraciado padre e hijos" relata la viuda que apeló que no se le quitaran más pertenencias para tratar de eludir "la más absoluta miseria".

Lucía Resano, mujer de Benito García

            Lucía Resano, viuda de Benito García Calvo y madre del también asesinado Félix García, reclamó el embargo de dos viñas que eran bienes gananciales, por lo que la penalización no debía caer en su persona. Solicitaba clemencia al tribunal porque también le habían confiscados todos sus bienes inmuebles lo que le obligó a ponerse  trabajar pese a ser una anciana. El libro recoge que Lucía, además, defendió en el recurso la memoria de su esposo, que "daba a sus hijos educación cristiana".

            Victoriana Fernández Chivite, por su parte, se quejó de haber sido expulsada del municipio en agosto del 36 y sus escasos bienes "incautados por el ayuntamiento. La parcela fue vendida a otro vecino sin que recibiera nada ".

            Marcelina Domínguez, mujer de Cesáreo Azcárate al que habían retenido los bienes después de fusilarlo, suplicó que se había quedado sin recursos con dos hijos de dos y cuatro años, de forma que para subsistir no le quedaba "otro camino que la indigencia o ponerse a servir" y que si lo hacía tenía que dejar a los niños recluidos en un asilo, "medida desgarradora para el corazón de una madre". Años después volvió a presentar un recurso para que le perdonaran una sanción de 300 pesetas que arrastraba, "en la imposibilidad de pagar ..."

            Corpus Goñi, viuda del Alcalde republicano asesinado Carlos Escudero Cerdán, protestó por que "los bienes todos que poseíamos nos fueron embargados ... incluidos los míos dotales". La mujer reclamaba a los tribunales franquistas que levantaran el embargo, explicaba que tras la guerra había quedado en la miseria y que por su edad tampoco podía trabajar.

Visita de Franco a Olite/Erriberri

            Recordaba, asimismo, que ya había pagado dos multas, una de 1.100 pesetas y otra de 10 cargas de uva, antes de hacer frete al expediente de responsabilidades políticas. La viuda de Escudero logró parte de lo solicitado y más tarde pudo llevar como mediera las fincas del Alcalde fusilado en Enériz, aunque para ello hubo de presentar certificados de buena conducta firmados por las autoridades municipales y el cura. 

            La multa inicial para el Alcalde Escudero fue de 5.000 pesetas, con pena añadida de ocho años, ocho meses y un día de destierro pese a ser público que había fallecido, castigo impuesto por "defensor destacado de la ideas republicanas hasta el punto de intentar fundar en el pueblo de Olite una sociedad de matiz republicano". 

            En total, recoge el libro de Layana, los jueces abrieron en Olite/Erriberri 13 expedientes que afectaron a destacados republicanos, sobre todo cargos públicos como el concejal Salvador Eraso, fusilado nada más comenzar el golpe fascista, al que se decretó el embargo de sus bienes: una casa, un pajar, media era, cinco viñas y ocho piezas de labor. En 1940, además, le pusieron una multa altísima de 15.000 pesetas que su viuda después consiguió rebajar a 1.000 a paga en tres plazos a cuenta de la retención de bienes como algunas viñas.

          A Tomás y Sebastián Chivite, el primero concejal, les sancionaron con sendas multas de 500 pesetas. Julián Azcárate Domínguez, fusilado, fue acusado ser miembro del Socorro Rojo y multado con 2.000 pesetas, mientras que a su hermano Cesáreo, también asesinado, le impusieron 300 pesetas.   

     Genaro Escudero, olitense residente en Pamplona/Iruña, fue multado con 10.000 pesetas por su filiación a Izquierda Republicana y huir a Francia al inicio de a sublevación.